Nueva ley aprobada por Honduras permite derribo de “narcojets” procedentes de Venezuela
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Una nueva legislación hondureña promueve la cooperación de inteligencia con Estados Unidos para la lucha antinarcóticos contra el Cartel de Maduro-FARC.
Redacción | Primer Informe
Honduras aprobó una nueva ley esta semana que allana el camino para una mayor cooperación con los Estados Unidos para detener el tráfico de drogas, centrándose en disuadir a los aviones privados que transportan cocaína desde Venezuela al país centroamericano.
La legislación permite a las fuerzas de seguridad hondureñas interceptar aviones sospechosos de transportar drogas y participar en un intercambio de inteligencia más integral con los Estados Unidos y los países de América Latina.
Los funcionarios hondureños se refirieron a la medida como una «ley de disuasión» que podría permitir a las fuerzas de seguridad derribar «narco jets» u obligarlos a aterrizar para que los traficantes puedan ser arrestados. Muchos de esos aviones se originan en Venezuela, cuyo gobierno los Estados Unidos ha acusado de narcoterrorismo.
«Estamos llevando la lucha a los cielos y detendremos a cualquiera que intente llevar drogas ao a través de Honduras», dijo el presidente del país, Juan Orlando Hernández, en un comunicado.
El Departamento de Estado felicitó a Honduras por la aprobación de la ley.
«Acogemos con beneplácito las medidas adoptadas por el Gobierno hondureño, incluida la aprobación de la Ley de soberanía aérea hondureña revisada, para tratar de cumplir con los requisitos legales de los Estados Unidos que deben cumplirse para que Estados Unidos reanude cierta asistencia antinarcóticos actualmente restringida», dijo un portavoz del Departamento de Estado para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental que no estaba autorizado a ser citado por su nombre.
El Departamento de Estado no hizo comentarios sobre qué cambios específicos permiten la reanudación de la asistencia.
El año pasado, el hermano de Hernández, el ex congresista Juan Antonio Hernández Alvarado, fue declarado culpable de tráfico de drogas en un tribunal de Nueva York después de ser extraditado de Honduras. El presidente fue nombrado como un conspirador no acusado en el caso.
El presidente Hernández y otros miembros de su administración niegan esas acusaciones y dicen que continúan cooperando con el gobierno de los Estados Unidos para tomar medidas enérgicas contra el tráfico de drogas. «El hermano del presidente nunca formó parte de la administración ni de ninguna institución gubernamental», dijo en una entrevista Luis Suazo, viceministro de seguridad del país. Suazo y otros funcionarios dijeron que también tenían dudas sobre parte de la información utilizada en el caso.
«La gran mayoría de la información presentada como evidencia [en la corte] era de personas extraditadas de Honduras, o que podrían ser extraditadas, y prefirieron llegar a un acuerdo», dijo.
Después de asumir el cargo en 2014, Hernández extraditó a varios líderes de los carteles de la droga hondureños a los Estados Unidos. Desde entonces, Estados Unidos ha enviado ayuda a Honduras para capacitar unidades antinarcóticos especiales dentro de las fuerzas de seguridad.
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