¿Cómo fue el cambio de versión del fiscal chavista sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Maduro?
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Tras los señalamientos del fiscal general del chavismo, especialistas y críticos han considerado el nuevo discurso un “intento de vuelco de narrativa”.
Redacción | Primer Informe
El régimen había dado por resueltos casi desde sus ejecuciones, las muertes del concejal opositor Fernando Albán, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y del estudiante y deportista Juan Pablo Pernalete, sin embargo, el sábado el fiscal chavista Tarek William Saab, dio un vuelco respecto a estos casos.
Los nombres de estas tres personas volvieron a la palestra pública luego de que el fiscal chavista anunció que envió un tercer informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre las actuaciones del Estado venezolano en defensa de los derechos humanos.
Tarek William Saab dijo que “no hemos sido correspondidos en el tratamiento formal e institucional de cooperación que transmitimos desde el pasado 4 de noviembre en una reunión personal con la Fiscalía de la CPI”.
En este sentido, indicó, que se vio en la necesidad de solicitar a la CPI una evaluación sobre los compromisos concretos ya trasladados por el país y que se amplían con ese nuevo informe presentado el viernes.
Según las declaraciones del Fiscal General del régimen, la muerte de Albán, Acosta Arévalo y Pernalete fueron todos homicidios perpetrados por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, lo que equivale a crímenes de lesa humanidad.
Primer Informe hace un recuento de cómo fueron las primeros señalamientos del régimen de Nicolás Maduro sobre las muertes de estos tres venezolanos.
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Fernando Albán
Fernando Albán, era un concejal del partido opositor Primero Justicia. Éste fue lanzado desde un piso 10 de la sede del SEBIN de Plaza Venezuela, en Caracas, el 8 de octubre de 2018. Su detención se produjo tres días.
Albán fue arrestado apenas tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. El régimen lo acusó de estar presuntamente involucrado en un ataque con drones en contra de Nicolás Maduro durante un acto con las FANB en la Av. Bolívar de Caracas.
La primera y definitiva hipótesis del régimen sobre la muerte de Albán, fue el suicidio. El mismo día de su muerte, el fiscal Saab informó el móvil, asegurando que el concejal se lanzó del décimo piso del edificio cuando era trasladado a los tribunales para supuestamente ir al baño.
La versión del régimen se mantuvo hasta el sábado y por ello fueron imputados dos oficiales por el delito de quebrantamiento de la custodia de un reo.
La versión no tenía ningún sentido puesto que Albán fue detenido en los calabozos de esa sede del cuerpo de seguridad Estatal, y el supuesto baño desde donde se lanzó, según la versión del fiscal, estaba ubicado en el piso 10.
El sábado, Tarek William Saab aclaró que solicitó la nulidad.
“Por observar violaciones a las garantías constitucionales, motivo por el cual la causa se retrotrajo a la fase de investigación. Posteriormente, los funcionarios implicados fueron imputados por homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido”.
Sobre esta nueva realidad, la familia de Fernando Albán en un comunicado señaló que no se trató de un homicidio culposo como declaró el fiscal chavista, el cual implica falta de intencionalidad, sino de una ejecución extrajudicial.
“Este 1° de mayo de 2021, Saab, cómplice y encubridor de los delitos de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial del concejal Fernando Albán, presentó en rueda de prensa nueva información sobre el caso; con la única intención de confundir a la opinión pública y pretender engañar a la Corte Penal Internacional; haciendo creer que se está averiguando y enjuiciando los crímenes cometidos contra Fernando Albán y otras víctimas de la dictadura”, dice un comunicado emitido por la familia de Albán.
Agrega que, además, el homicidio de Albán está incluido en el informe de la Comisión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU; que denuncia crímenes de lesa humanidad.
“Todo lo cual implica que, paralelamente, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avanza en la investigación contra los altos funcionarios del régimen por la comisión de los referidos crímenes. Es esa la razón por la cual, ahora, se monta un nuevo show mediático; agregando la supuesta investigación por el delito de ‘homicidio culposo’, es decir, sin intención; sin incluir los delitos de desaparición forzosa, privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio calificado (ejecución extrajudicial); que son los denunciados por la familia desde diciembre de 2018, oportunidad en la cual, Saab fue formalmente recusado, y cuya denuncia hasta hoy no ha sido procesada”, se lee en el mencionado texto.
“Tampoco se han verificado investigaciones contra la cadena de mando, el director del Sebin, general Gustavo González López ni el ministro Reverol, o la Juez Carol Padilla]; quienes junto al seudo fiscal mintieron y encubrieron los delitos”, denuncian.
El documento le deja claro a Saab que no escaparán de la justicia internacional.
“Sr. Saab, tal y como lo denunciamos formalmente ante la Defensoría del Pueblo en febrero de 2019, usted es un encubridor y cómplice de estos delitos. Esta nueva farsa no lo librará ni a usted ni a los esbirros del régimen de la justicia internacional que ya está en movimiento. Se le recuerda que a pesar de que la defensa lo exigió en más de treinta oportunidades, no se aplicó el Protocolo de Minnesota; ni se practicó una autopsia independiente; ni se permitió a la defensa acceso al expediente. Por el contrario, una vez que usted fue denunciado, procedió a perseguir a los abogados miembros de la defensa y allanar el hogar y oficina de la señora viuda de Albán, entre los meses de febrero y marzo de 2019”.
Y recalca: “En este caso, no existe ningún delito ‘culposo’. Lo que existió fue la consumación de la sistemática práctica del régimen de secuestrar, torturar y asesinar a disidentes políticos. Fernando Albán fue ejecutado extrajudicialmente encontrándose en custodia del Sebin, además de ser víctima de los otros crímenes mencionados. Esa es la realidad”.
Rafael Acosta Arévalo
Luego de permanecer seis días desaparecido, Jorge Rodríguez el entonces ministro de Comunicación del chavismo, informó sobre la detención del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo junto con dos oficiales de las FANB, por un presunto plan para asesinar a Maduro y a Diosdado Cabello.
El capital Acosta Arévalo fue trasladado dos días después por una comisión de la DGCIM a la sede del tribunal militar para su audiencia de presentación. Allí llegó con signos de evidente tortura.
El juez ordenó el traslado al Hospital Militar de Fuerte Tiuna del capitán de corbeta. Más adelante el juez de la causa comunicó la muerte de Acosta Arévalo en horas de la noche de esa misma jornada.
Voceros del régimen comenzaron a dar declaraciones luego de la muerte del capitán de corbeta, todas contradictorias entre sí.
Mientras Jorge Rodríguez y Tarek William Saab decían que Acosta Arévalo murió durante el acto de presentación frente al tribunal, el ministro de Defensa del chavismo Vladimir Padrino López decía en un comunicado que el capitán se desmayó antes de llegar al tribunal.
Este sábado el fiscal al servicio de Maduro dijo que tras la orden del TSJ para realizar una nueva investigación sobre los hechos, el 22 de octubre de 2020 se celebró una nueva audiencia de imputación contra los efectivos implicados.
Los funcionarios fueron imputados por la presunta comisión de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura.
Pero lo del fiscal chavista llega con un gran retraso. A mediados del 2020, la esposa del capitán de corbeta, Waleswka Pérez de Acosta detalló lo que le ocurrió al militar.
“Se lo llevaron a una casa clandestina, perteneciente al DGCIM, a las afueras de Caracas. Fue colgado de una viga, con sus brazos atados atrás. En su cara le pusieron una carpeta, fuertemente apretada con una cinta adhesiva. Le fracturaron 16 costillas, el tabique nasal, y un tobillo. Le practicaron descargas eléctricas; lo golpearon con tabla; lo asfixiaron con bolsas plásticas. Le echaron por todo su cuerpo ácido con agua fría. Así permaneció hasta el día 28 de junio que lo presentaron ante los tribunales, moribundo, no se podía parar. Lo presentaron en silla de ruedas. No podía articular ninguna palabra. Sus húmeros los tenía rotados. Sus ojos los tenía brotados. A su abogado lo único que le pudo decir fue pedirle auxilio. Pido justicia en nombre de él, de mis hijos y mío”, dijo al Instituto Casla.
«(…) “El juez se vio obligado a ordenar que lo trasladaran a un hospital -continúa su relato Waleswka-, pospuso la audiencia y lo llevaron a enfermería, un ambulatorio, ni siquiera era un hospital acorde los signos de tortura, para salvarlo, donde nos informan que falleció a la 1 am. Realmente no sabemos si esa fue la hora, pero lo supimos a las 10 am del dia siguiente. Lo mataron siendo inocente, sin que se cumpliera el debido proceso y violando el principio de presunción de inocencia (…) El narco régimen, no contento con eso, ocultaron toda la información. No supimos donde estuvo el cadáver por más de 13 días”.
El otro detalle del evidente ocultamiento de la verdad en el caso de Acosta révalo pue la «inhumación controlada» que llevaron a cabo, negándole a la familia un funeral y la elección del sitio donde pudieran enterrar al militar.
“El 10 de julio se recibió una llamada de la morgue de Bello Monte para que fuera un familiar a reconocer el cadáver de mi esposo. Asistió su mamá y hermana. Gracias a los medios de comunicación quedó todo registrado. No sabíamos que después de entregar el cadáver, por orden de la juez Norelys León Zaa, juez 36 del área Metropolitana, había ordenado la inhumación controlada, sin saber que ya tenían carroza fúnebre, un hueco en el cementerio del Este, una lápida de cemento con su nombre y hasta un sacerdote para enterrarlo sin nuestra autorización. No permitieron acompañamiento de familiares (…) Hicieron cordones y todo un despliegue, ¿para qué?, ¿qué querían esconder?, ¿qué mensaje quería dar la narcodictadura?, ¿más miedo?”.
Juan Pablo Pernalete
Sobre el estudiante y deportista caraqueño Juan Pablo Pernalete se dijo que murió durante las protestas en Altamira el 26 de abril de 2017, por el impacto de un perno en el pecho.
Este caso también tuvo varias versiones por parte de los funcionarios chavistas y los padres del joven tienen más de cuatro años esperando justicia por el asesinato de su hijo.
En esa época quien fungía como Fiscal General de la República era Luisa Ortega Díaz. Ella afirmó que el joven fue impactado por una bomba lacrimógena a quemarropa disparada por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana.
La versión de la fiscal Ortega Díaz contradecía las versiones del régimen de que supuestamente Juan Pablo Pernalete murió por una bala de perno accionada por otro manifestante.
No obstante, las declaraciones del fiscal general chavista Tarek William Saab, reconocen la versión de Luis Ortega Díaz que señalan que el elemento causante de la muerte del joven fue una bomba lacrimógena, material táctico exclusivo de seguridad.
“Murió tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho. Por ello fueron imputados 12 funcionarios por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”, dijo Saab el sábado.
El cambio en la versión del fiscal chavista no pasó desapercibido para la familia de la víctima. «Con este pretende garantizar la impunidad de la cadena de mando. Habla de complicidad correspectiva como si a nuestro hijo lo hubiese asesinado un tumulto en un hecho aislado”, expresó Elvira Pernalete, madre del joven asesinado, en video por Twitter. “La verdad es que fue víctima de la acción sistemática del régimen de atentar contra la población civil en el marco de la criminalización de la protesta”.
Saab no mencionó investigaciones a los altos mandos chavistas
Tras los señalamientos del fiscal general del chavismo especialistas y críticos han considerado el nuevo discurso un “intento de vuelco de narrativa”.
La nueva versión del régimen menciona la detención de funcionarios involucrados en los asesinatos de Albán, Acosta Arévalo y Pernalete, pero en ningún momento se mencionan a investigaciones contra los altos cargos que incurrieron en estas acciones para tapar los asesinatos.
Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional legítima elegida en 2015, señaló que el fiscal chavista “tiene la clara intención de evadir la competencia de la CPI, haciéndoles creer que en Venezuela se está haciendo justicia. Señala que estos no son crímenes de lesa humanidad sino violaciones de Derechos Humanos, porque estas últimas no son necesariamente competencia de la CPI”. Indicó que los funcionarios actuantes “son parte de una cadena de mando”.
Y agregó: “Esta confesión del régimen, sumada a la evidencia de que en Venezuela no hay justicia, la llevaremos a la CPI como parte de nuestras pruebas”.
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