El nuevo plan del régimen de Maduro para eludir la Corte Penal Internacional
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En la oposición consideran que la CPI debe actuar en Venezuela porque los organismos de administración de justicia están “absolutamente secuestrados».
Redacción | Primer Informe
Sectores opositores en Venezuela consideran que la Fiscalía chavista pretende “eludir la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) al ordenar las investigaciones sobre los homicidios de Fernando Albán, Juan Pablo Pernalete y Rafael Acosta Arevalo, todos crímenes de lesa humanidad.
La ex diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano señaló en rueda de prensa que la Fiscalía dirigida por Tarek William Saab fiel colaborador de Nicolás Maduro, solo busca eludir a la CPI, según la información de la agencia Efe.
«¿Por qué hemos visto que el señor que representa al régimen, el abogado del régimen, Tarek William Saab emitir las declaraciones (sobre Albán, Pernalete y Acosta Arévalo)? Por una sola razón, no es porque se arrepintieron, están pretendiendo eludir la competencia de la CPI», dijo.
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Las declaraciones de Tarek William Saab
El sábado pasado el fiscal general del chavismo se refirió al asesinato del concejal Fernando Albán y sumó a los funcionarios implicados en su muerte, como delitos de «homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga», y «quebrantamiento de normas de custodia».
Saab, explicó que el Ministerio Público solicitó a un tribunal la nulidad de la primera acusación, por “observar violaciones de garantías constitucionales» y que dicha anulación fue acordada, aunque se reactivó en una posterior solicitud de su despacho.
La primera acusación fue simplemente por delito de quebrantamiento de normas de custodia.
«La causa se retrotrajo hasta la fase de investigación» y, posteriormente, la Fiscalía «solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios implicados en estos hechos (…) por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido», dijo.
El asesinato del concejal de Primero Justicia es uno de los más controversiales del régimen pues el chavismo insistió que su muerte fue por “suicidio”, una versión que fue apoyada por el propio fiscal general que ahora cambió su discurso.
Sobre el caso de Juan Pablo Pernalete quien murió durante las protestas de 2017, el Fiscal chavista confirmó la versión dada por su antecesora Luisa Ortega Díaz, que aseguró que fue impactado por una bomba lacrimógena. Saab también confirmó la imputación de 12 funcionarios.
En principio el mismo Tarek William Saab puso en duda las declaraciones de Ortega Díaz.
Sobre la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, recordó que «hubo una decisión» del Supremo en octubre de 2020 «que ordenó una nueva investigación sobre circunstancias de su muerte».
Al respecto, reiteró que en octubre pasado hubo una nueva audiencia en que se imputó a dos funcionarios por «homicidio intencional calificado y tortura».
La muerte de Acosta Arévalo despertó la indignación en Venezuela porque, según su defensa y portavoces de la oposición, el militar fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando fue presentado ante un tribunal, no podía mantenerse en pie o hablar.
Crímenes de lesa humanidad
En relación a las declaraciones de Tarek William Saab, la ex diputada Solórzano considera que no solo se está frente a casos de violación de derechos humanos, si no también se está frente “una escala superior, la comisión de crímenes de lesa humanidad».
Solórzano dijo que para hacer esa consideración es necesario que estos tengan “carácter sistemático”, además se originen desde una “orden desde la jerarquía del Estado” y se cometan «contra una población específica, en este caso contra quienes levantan la voz».
La ex diputada también señaló que estos deben “estar establecidos como crímenes en el Estatuto de Roma». Calificó esa diferencia como «sutil» pero «fundamental de cara a la competencia de la Corte Penal Internacional».
¿Cuándo actúa la CPI?
La ex diputada explicó que la CPI debe considerar que en el país de origen de las denuncias no haya posibilidad de hacer justicia, y “además cuando se demuestre de manera efectiva” esa imposibilidad.
También actúa cuando los organismos de administración de justicia están “absolutamente secuestrados».
«Ese es el caso de Venezuela», apostilló antes de agregar que en el país caribeño «no hay posibilidad real de hacer justicia».
Con este contexto, Solórzano detallo que en la Corte Penal Internacional van a tomar una decisión acerca de «si continúa o no la investigación (…) para abrir a juicio y poder sancionar a los responsables de los horrendos crímenes de lesa humanidad» o si, «por el contrario, considera que hay justicia en Venezuela».
Para la abogada, el fiscal chavista Saab «está tratando de evadir la competencia de la CPI haciéndole creer, falsamente, que en Venezuela se está enjuiciando a los responsables de las violaciones de derechos humanos».
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