Así se manejan los casos de DDHH contra el régimen de Maduro en la CPI
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Lo que se espera en los próximos días es que la fiscal Fatou Bensouda decida sobre los casos antes de entregar el cargo este mes al británico, Karim Khan, que puede llegar a ser determinante para Venezuela.
Redacción | Primer Informe
En La Haya hay dos casos de DDHH correspondientes a Venezuela, convirtiendo a la Corte Penal Internacional (CPI) en un escenario de disputa política. Allí tanto la oposición como el régimen impulsan respectivamente casos ante la corte.
La CPI ha dividido los casos en Venezuela I y Venezuela II.
El primero busca la condena contra el aparato coercitivo del Estado venezolano. Mientras que el segundo persigue un fallo contra el esquema de sanciones unilaterales que ha impuesto Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro.
Venezuela I y Venezuela II se encuentran en “examen preliminar”, una instancia de la CPI en la que la Fiscalía reúne información para analizar si realmente ambos casos de DDHH ameritan una investigación formal.
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Los tiempos tardíos de la CPI
Venezuela no es el único país con casos abiertos en la CPI. El organismo investiga también posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad en Bolivia, Colombia, Guinea, Nigeria, Filipinas y Ucrania.
Aunque los exámenes preliminares constan de cuatro fases en la Fiscalía no hay lapsos de tiempos definidos.
Guinea lleva casi 12 años siendo examinada y actualmente está en la tercera etapa del proceso preliminar, mientras que Nigeria, que en 2020 llegó a la fase final, inició su examen una década atrás.
No obstante, a solo tres años de que se abriera un examen preliminar en Venezuela, la Fiscal Fatou Bensouda, se comprometió a dar una respuesta sobre los casos que atañen a la nación caribeña para finales del primer semestre de este año.
Con el próximo pronunciamiento de la CPI, “Venezuela I” -actualmente en fase 3- podría trascender de instancia, con lo que Nicolás Maduro se podría convertir en el primer presidente latinoamericano en ser investigado por dicha corte por casos de DDHH.
Por su parte, un pronunciamiento favorable para “Venezuela II” solo implicaría que el caso se mueva de la fase 2 a la 3 en el examen preliminar.
Lo que determine la CPI referente al caso Venezuela tendrá un impacto directo en la resolución de la crisis política venezolana.
Si la corte decide iniciar una investigación formal, aumentaría la ya asfixiante presión internacional sobre la administración chavista, y a su vez daría fuerzas a la oposición, que llegó debilitada al proceso de negociación con el Gobierno iniciado hace poco.
¿De qué se trata el caso ‘Venezuela I’ promovido desde la oposición?
Bensouda ha venido siguiendo el caso “Venezuela I” durante casi la totalidad de su mandato, de ocho años.
Desde 2014 recibe denuncias de la situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Sin embargo su gestión se ha centrado en investigar el uso de la fuerza por parte del régimen chavista para reprimir las manifestaciones ocurridas desde abril del 2017.
La Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Lima y varias organizaciones no gubernamentales afines a la oposición venezolana son el motor detrás del caso.
Las ONG han recaudado y sistematizado las denuncias de violaciones de DDHH por parte de los organismos represivos del Estado venezolano cada vez que la violencia se ha exacerbado en la disputa política venezolana.
Por su parte, la OEA sirve de caja de resonancia para estas denuncias. El organismo multilateral publicó en 2018 un informe que es la piedra angular del caso “Venezuela I”.
Sin consultar ninguna cifra oficial, la secretaria de la organización estima que de 2014 a 2020 en el país suramericano se han producido 18.093 asesinatos vinculados a la fuerza pública, de los cuales “131 muertes estarían relacionadas con protestas”.
También se habrían presentado “más de 15.000 detenciones arbitrarias” por razones políticas. De igual manera, determinó que durante 2017 hubo 192 casos de violencia sexual perpetrados por policías y militares.
Las cifras citadas por la OEA se apoyan fundamentalmente en testimonios recopilados por la abogada especialista en DDHH Tamara Sujú. Ésta fue hasta 2019 embajadora ante la República Checa del gobierno interino que preside Juan Guaidó.
Además reúne datos de miembros del Foro Penal, una ONG dirigida por Alfredo Romero, quien ha trabajado como abogado de Leopoldo López.
‘Venezuela II’: el caso del régimen
“Todos los elementos que constituyen el crimen de lesa humanidad que está tipificado en el artículo 7 del estatuto de la CPI se cumplen en el caso Venezuela II”, señaló la directora de la organización social SURES, Lucrecia Hernández, en conversación con la Agencia Anadolu.
El segundo de los casos de DDHH esta fundamentado en el informe de la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, quien en febrero de este año instó Estados Unidos, a la Unión Europea y a otros Estados a retirar las sanciones unilaterales impuestas contra Venezuela por ser violatorias de DDHH.
Para Douhan, las sanciones han “exacerbado calamidades preexistentes” y señala en sus conclusiones preliminares que “el efecto devastador se multiplica por la extraterritorialidad y el sobrecumplimiento que afectan negativamente a los sectores público y privado, a los ciudadanos venezolanos, a las organizaciones no gubernamentales y a las empresas de terceros países”.
EEUU aplica sanciones contra Venezuela desde 2005 pero fue a partir de 2015 que estas se recrudecieron, llegando a su punto máximo en 2017, cuando se sancionó a la estatal petrolera PDVSA, principal fuente de ingresos del país caribeño.
Douhan advierte en su informe que el acceso a salud y alimentos se ve comprometido por las sanciones unilaterales de EEUU.
SURES ha contabilizado sanciones a más de 140 personas, al menos a 140 empresas, 65 aeronaves y 52 buques, lo que limita en gran medida la capacidad de importar maquinaria e insumos que garanticen por lo menos el derecho a la vida y a la salud de los venezolanos.
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