Demandan a Airbnb por beneficiarse de propiedades confiscadas por el régimen cubano
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La empresa dedicada al alquiler turístico en todo el mundo está acusada de anunciar en su página web el alquiler en un edificio que pertenecía a un actual ciudadano estadounidense cuando fue confiscado en los años sesenta.
Redacción | Primer Informe
La empresa estadounidense Airbnb, dedicada a promover alquileres turísticos en todo el mundo, ha sido demandada por beneficiarse ilegalmente a través de su sitio web de una propiedad supuestamente confiscada por el gobierno cubano en la década de 1960 sin pagar indemnización a sus propietarios.
Un reporte del diario El Nuevo Herald señala que esta sería la primera demanda que alega «tráfico» vinculado a negocios con una propiedad residencial en la isla. La demanda fue presentada este lunes en la corte del distrito central de Florida, con sede en Orlando.
En ella se argumenta que Airbnb se benefició de anunciar un alquiler en un edificio de seis apartamentos situado en un barrio de La Habana, originalmente propiedad de la familia Parreño, entre ellos Alberto Parreño.
Según la publicación, la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia certificó la reclamación de Parreño de un tercio del terreno y el edificio en 1970, valorados en aquel momento en 547.365,24 dólares.
Parreño, ciudadano estadounidense, falleció en 1972. Javier García-Bengochea, su primo y administrador de su herencia, es quien ha presentado ahora la demanda.
El presunto perjudicado afirma que Airbnb siguió anunciando el inmueble entre agosto de 2019 y mayo de 2022, después de que se le notificara que era objeto de una demanda.
De esta forma, la empresa habría traficado con la propiedad «de forma consciente, voluntaria, intencionada y continuada».
El mismo medio, en un artículo de enero de 2022, se había hecho eco del caso. En aquel momento, la compañía dijo al Herald que «investigaría las acusaciones y tomaría medidas, incluida la retirada del anuncio si se descubría que violaba sus políticas», algo que acabó ocurriendo.
El pasado año la compañía aceptó la responsabilidad de no cumplir con todos los requisitos legales de Estados Unidos para trabajar en el mercado cubano, por lo que aceptó pagar una multa de algo más de 91.000 dólares.
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Una ventana abierta
García-Bengochea, un neurocirujano cubano-estadounidense con sede en Jacksonville, presionó activamente al Congreso y a varias administraciones para que se aplicara una disposición de la Ley Helms-Burton de 1996, también conocida como Ley Libertad, que permitiría demandar a las empresas que hacen negocios en Cuba por «tráfico de bienes confiscados», según el informe.
El derecho a demandar había sido suspendido por todos los presidentes de Estados Unidos desde que se promulgó la ley por primera vez, pero fue restaurado durante la administración de Donald Trump.
Este cambio de política provocó una avalancha de demandas contra entidades estadounidenses, extranjeras y del gobierno cubano que hicieron negocios con propiedades confiscadas, en su mayoría hoteles, minas, puertos, aeropuertos y tierras, destacó el diario de Florida.
La mayoría de los casos aún están en litigio o apelaciones, aunque en una de las demandas relacionadas con el uso del puerto de La Habana, varias compañías de cruceros fueron condenadas a pagar más de 400 millones de dólares en compensación.
Airbnb comenzó a trabajar en Cuba en 2015, cuando las relaciones entre ambas naciones mejoraron mientras Barack Obama ocupaba la Casa Blanca.
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