España sigue investigando a una empresa relacionada con la corrupción chavista en el sector eléctrico
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Se presume que la corporación pagó 150 millones de euros en sobornos a través de Suiza y Singapur para obtener un mil millonario contrato con la administración de Hugo Chávez.
Redacción | Primer Informe
La Justicia española continúa investigando la participación de una empresa española en esquemas de corrupción chavista en el sector eléctrico de Venezuela.
Se trata de la empresa Duro Felguera, bajo escrutinio por presuntos sobornos pagados a altos funcionarios del chavismo con el fin de obtener la adjudicación de contratos.
La Fiscalía Anticorrupción de España acusó en septiembre de 2017 a la empresa por esas operaciones. La acusación viene de una investigación abierta a mediados de 2015. Desde entonces, las indagaciones sobre Duro Felguera se han ido extendiendo paulatinamente.
El portal Vozpópuli reportó fuentes cercanas a la Audiencia Nacional que afirman que nuevamente la instrucción fue prorrogada. Esta vez hasta el próximo 28 de enero de 2022.
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El caso de Termocentro
En 2009, Hugo Chávez otorgó a Duro Felguera el contrato para la construcción de la central Termocentro en Venezuela. El valor de la operación era 1.500 millones de euros.
El diario El Mundo publicó el pasado mes de mayo que el grupo asturiano pagó 105,62 millones de dólares en comisiones. Así consiguió el contrato para la termoeléctrica de ciclo combinado nunca concluida.
Los supuestos sobornos fueron canalizados, según la Fiscalía, a través de Suiza y Singapur, entre otras jurisdicciones.
Como respuesta, la compañía española mantiene que el contrato era legal. En el consejo de administración de la empresa están los exministros socialistas Jordi Sevilla y Valeriano Gómez.
«No hay elemento ni evidencia ni indicio ni constancia algunos» de pagos corruptos en Venezuela, se defiende Duro Felguera. En sus cuentas de 2020 el grupo defiende que la documentación entregada en el juzgado da «soporte contractual suficiente para los pagos efectuados».
La multinacional industrial asturiana sostiene que ni sus empleados ni los miembros de su consejo de administración han permitido el pago de sobornos. Y también presenta un informe pericial emitido por un tercero como prueba.
Afirman que nadie relacionado con la empresa ha «autorizado, conocido y/o consentido pagos o concesión de ventajas o beneficios indebidos en favor de autoridades o funcionarios públicos de Venezuela para corromperles».
Con información de Vozpópuli.
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