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El complicado caso que implica a un banquero venezolano en la supuesta financiación de la exgobernadora de Puerto Rico

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El complicado caso que implica a un banquero venezolano en la supuesta financiación de la exgobernadora de Puerto Rico

Julio Herrera Velutini, quien está en el ojo del huracán por la supuesta financiación ilegal a la campaña de la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, tiene una orden de captura por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Redacción | Primer Informe

Una de las personas en la mira del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por participar en un esquema de financiamiento ilegal de la campaña electoral por la gobernación en Puerto Rico es un venezolano. El multimillonario banquero Julio Herrera Velutini, quien además efrenta una orden de captura del régimen de Venezuela desde 2010 por transacciones bancarias irregulares, estaría en el centro de toda esta polémica.

Herrera Velutini, quien también es abogado y presidente de Bancrédito, aseguró que «en ningún momento» la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó su apoyo financiero, ni este «le ofreció nada a ella».

El banquero venezolano aceptó que participó en una «reunión profesional» con Vázquez Garced, quien le expresó sus intenciones de aspirar a la gobernación en 2020, pero que él no realizó ninguna donación a la campaña de la exmandataria.

A la exgobernadora se la implica en un esquema que apunta a que benefició a Herrera Velutini, al supuestamente recibir parte de una donación política.

Las acusaciones contra el Tesoro

Sin embargo, una extensa comunicación enviada en junio del 2020 por el Bancrédito International Bank a la división del Tesoro estadounidense que maneja lo concerniente a los crímenes financieros, detalla la insatisfacción que sentía la entidad bancaria debido a una supervisión a la que estaba siendo sometida en Puerto Rico por la Oficina del Comisionado de Instituciones Finacieras (OFIC).

El Bancrédito International Bank es la entidad de servicios financieros dirigida por Herrera Velutini, y que ha sido vinculada con la inminente acusación federal por delitos electorales contra Vázquez Garced.

Como una «campaña de acoso ejecutada a través de supuestos exámenes rutinarios» ordenados por la OFIC, fue definida en una carta preparada por la firma Kobre & Kim a nombre de Bancrédito en junio del 2020. En la misiva se recoge el tracto de las investigaciones que desde 2015 llevaba realizando la OCIF sobre la entidad.

La comunicación detalla que después de concluir los análisis de las operaciones de Bancrédito iniciadas en 2017, la examinadora, Karly A. Padró fue obligada por sus supervisores a alterar las conclusiones de su informe, aunque finalmente fueron usadas las conclusiones iniciales, provocando la incomodidad de Padró.

El período de las investigaciones abarca desde 2015, cuando la OCIF emitió una «Orden de Consentimiento» para una serie de acciones que Bancrédito debía cumplir, hasta el momento en que la corporación envió la carta a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), adscrita al Departamento del Tesoro.

En la mayor parte de ese período, la OFIC fue dirigida por George Joyner, despedido en marzo del 2020 por Vázquez Garced, en una movida que atribuyeron a presiones ejercidas por el venezolano Herrera Velutini, quien para ese momento ya se había acercado a la campaña de la entonces gobernadora.

“Estamos esperanzados de que el nuevo comisionado de OCIF, Víctor Rodríguez Bonilla –nominado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el 14 de mayo de 2020 y confirmado por el Senado el 4 de junio de 2020– trabajará para terminar con el prolongado historial de acoso a Bancrédito e identificar y remover a los responsables. Corregir este mal se alinearía con las prioridades expresadas por el señor (Rodríguez) Bonilla como comisionado, incluyendo garantizar que los exámenes son profesionales y justos”, subrayó Bancrédito en la misiva, dirigida a Viviana Muñoz Fernández, asesora sénior de la FinCEN.

La semana pasada, en un programa televisivo de Puerto Rico, Rodríguez Bonilla corroboró el acercamiento que recibió de John Blakeman Ortiz en representación de Bancrédito. Blakeman Ortiz ha sido vinculado por más de dos décadas al partido de la exgobernadora como funcionario y contratista y para ese momento colaboraba con su campaña. Se cree que él es quien firmó un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía general y que testificaría en contra de Vázquez Garced.

Blakeman Ortiz “llega a mi oficina, me plantea el hecho de que el banco tiene este problema, que está siendo examinado y me dice en una frase que nunca se me ha olvidado y se la he dicho a mi familia en varias ocasiones, ‘¿qué vamos a hacer aquí?’ A mí eso me ofendió. Yo soy una persona que tiene dignidad, ética y moral y yo le dije, ‘tú no sabes con quién estás hablando’”, relató en la entrevista televisiva Rodríguez Bonilla, quien en el pasado trabajó como consultor de cumplimiento con Bancrédito y, por lo tanto, estaba inhibido de atender los asuntos relacionados a la institución.

Blakeman Ortiz, según indicó Rodríguez Bonilla y ha trascendido públicamente, era la pareja sentimental de Frances Díaz Fossé, presidenta de Bancrédito y quien también aparece como directiva de Bancrédito Holding Corporation, la entidad propietaria del banco.

Más quejas de Herrera Velutini

En la carta a la FinCen, Bancrédito lamentó que las continuas investigaciones afectaran su «reputación» dentro de la industria bancaria, poniendo en peligro su «viabilidad» comercial. La empresa de Herrera Velutini destacó que en marzo del 2016 la OCIF le bloqueó la adquisición de FaceBank «citando un ‘riesgo inaceptable’ de que los problemas de cumplimiento identificados en el examen que la OCIF hizo en 2015 sobre Bancrédito de alguna manera se transferirían a FaceBank, pese al hecho de que Bancrédito voluntariamente había aceptado la Orden de Consentimiento de 2015 para trabajar junto a los reguladores de la OCIF en búsqueda de remedios».

Báncrédito acusó a OCIF de postergar e incumplir sus compromisos pactados a través de la Orden de Consentimiento, al tiempo que constantemente presentaba nuevos requerimientos de información que impactaban la capacidad operacional del banco, ante los recursos que debían destinar para su cumplimiento.

Con información de Metro.

 

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