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Tres altos cargos de la SEPI están en la mira de la justicia española por el caso Plus Ultra

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Tres altos cargos de la SEPI están en la mira de la justicia española por el caso Plus Ultra

Los tres funcionarios rendirán declaraciones en calidad de testigos cuando finalice el trabajo del perito experto encomendado por la magistrada Esperanza Collazos.

Redacción | Primer Informe

Tres altos cargos de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) serán interrogados como testigos en el procedimiento penal que conduce la magistrada Esperanza Collazos por las acusaciones sobre irregularidades en la aprobación del rescate de la aerolínea chavista Plus Ultra.

La causa que investiga los pormenores del rescate de Plus Ultra cuenta, entre sus objetivos prioritarios, con sumar las conclusiones del peritaje que se acaba de acordar a petición de las acusaciones populares. 

Los tres altos cargos de SEPI están señalados de haber examinado toda la documentación enviada por la aerolínea para acceder a las ayudas de 53 millones de euros.

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Los funcionarios de la SEPI 

Desde que iniciaran las diligencias por presuntos delitos de malversación en el rescate de la aerolínea chavista Plus Ultra, Esperanza Collazos se ha dedicado a recabar información y documentos claves de todos los entes que forman parte del procedimiento que favoreció a Plus Ultra.

Luego de 3 meses de investigaciones se ha abierto otro escenario marcado por el trabajo del perito experto en economía Alfredo Moreno Mínguez.

La finalidad es obtener los pormenores de este rescate que autorizó la SEPI con recursos del fondo para empresas estratégicas afectadas por la covid.

Según la información obtenida por el diario español Vozpópuli, la intención del auto es aguardar el trabajo del experto antes de llamar a declarar a los testigos propuestos por el partido Vox.

El partido, que figura como acusación popular, ha vuelto a insistir a la magistrada Collazos en que quieren contar con el testimonio de tres personas determinantes en la autorización del paquete de las ayudas a Plus Ultra. 

Se trata del director y la subdirectora de participadas de SEPI, José Ángel Partearroyo y Caridad de Andrés, respectivamente, además de Javier Loriente. Este último en calidad de ex secretario del consejo y exdirector de Asuntos Jurídicos.

La formación que lidera Santiago Abascal requirió la presencia de estos tres testigos en junio y lo volvió a recordar hace apenas unos días apuntando que ellos fueron los responsables técnicos que examinaron la documentación presentada por la aerolínea.

Los tres funcionarios de la SEPI también son señalados de haber sido encargados de definir las subsanaciones necesarias en el expediente.

La magistrada, en una providencia del pasado 21 de julio, da por adherida esta petición pero la relega hasta escuchar primero las conclusiones del perito de parte.

Plus Ultra debe justificar si la ayuda era necesaria o no

El juzgado también está esperando que la aerolínea Plus Ultra , que también figura como querellada en la causa, remita los motivos que justifiquen la necesidad de acceder al préstamo de 34 millones de euros, del total de 53 millones, cuyo desembolso fue suspendido.

La instructora de la causa dio un plazo de cinco días a la empresa aérea para que remita sus razonamientos después de suspender cautelarmente el desembolso de este préstamo participativo que se iba a hacer efectivo por parte de la SEPI el próximo miércoles 28 de julio.

La magistrada tomó la decisión amparándose en la existencia de este procedimiento penal que se inició por malversación en abril pero que se ha ampliado a presuntos delitos contra la Hacienda Pública, fraude de subvenciones, cohecho y tráfico de influencias. 

A su juicio, los indicios que obran en la causa son suficientes para paralizar el pago de esta segunda parte del rescate. 

Los primeros 19 millones ya fueron recibidos por Plus Ultra, y al menos hasta que la aerolínea explique por qué es tan necesario este capital, estos no llegarán a las cuentas de la cuestionada empresa.

A falta de conocer su respuesta, la propia defensa legal de la compañía ya adelantó que se oponía a esta medida cautelar suplicando hasta en tres ocasiones en su escrito que no la acordara. 

La firma se amparó en los informes que obran en la causa de Deloitte y otros entes relativos a la idoneidad del pago y dijo que la paralización del préstamo la «condenaría inevitablemente a una dramática situación financiera». 

Igualmente advirtió que peligraba el cumplimiento del plan de viabilidad trazado en el marco de su compromiso con el Gobierno para devolver los 19 millones de euros ya prestados.

 

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