ANÁLISIS: El nuevo panorama de CITGO con el fin de la protección de EEUU a la vista
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La filial estadounidense se ha visto afectada por las sanciones y en peligro por las acciones de la oposición.
Redacción | Venezuelanalysis
El activo extranjero más preciado de Venezuela ha dado un paso más hacia su disolución y embargo por los acreedores.
CITGO, la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA, tiene un valor estimado de 8.000 millones de dólares. Con tres refinerías y una red de más de cuatro mil gasolineras en Estados Unidos, se enfrenta a una serie de amenazas, ya que varias empresas y tenedores de bonos pretenden reclamar acciones como compensación por los laudos arbitrales y la deuda impagada.
El martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la licencia general 5J que bloquea las transacciones relacionadas con el bono PDVSA 2020 hasta el 20 de abril. Las licencias anteriores habían sido emitidas por seis meses o un año entero, y el plazo más corto para la actual es visto por los analistas como una señal de que no se extenderá más.
El bono PDVSA 2020 está vinculado a CITGO, ya que el 50,1 por ciento de las acciones de la compañía fueron pignoradas como garantía. Aunque el instrumento de deuda fue priorizado por el gobierno de Nicolás Maduro, las sanciones estadounidenses de gran alcance hicieron imposible continuar cumpliendo con los pagos de capital e intereses.
El gobierno estadounidense intervino a finales de 2019 para impedir que los tenedores del bono impagado embargaran las acciones de CITGO. La medida y las posteriores prórrogas se tomaron para apoyar al autoproclamado «gobierno interino» liderado por Juan Guaidó, que fue reconocido por EEUU y al que se le entregó el control de la filial con sede en EEUU.
Washington impuso sanciones punitivas y confiscó activos venezolanos como parte de sus esfuerzos por desencadenar un cambio de régimen en el país caribeño. Antes del bloqueo, CITGO aportaba más de 1.000 millones de dólares anuales en dividendos a las arcas del país.
Con los partidos de la oposición derrocando a Guaidó y disolviendo el «gobierno interino» a finales de diciembre, la administración Biden podría inclinarse por no seguir interponiéndose en el camino de los inversores a los que se les debe un total de 3.400 millones de dólares.
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Sin embargo, los tenedores de bonos PDVSA 2020 no son los únicos que se acercan a CITGO. La firma también se enfrenta a amenazas de empresas que han obtenido laudos arbitrales internacionales contra Venezuela.
En octubre, el juez de Delaware Leonard Stark puso en marcha un proceso de subasta de acciones de la empresa matriz de CITGO, PDV Holding, por mandato judicial.
El caso legal fue impulsado por la minera canadiense Crystallex como parte de sus esfuerzos por cobrar una suma de 1.400 millones de dólares otorgada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en 2016 como compensación por la nacionalización en 2008 de su mina de oro en el este de Venezuela. Quedan pendientes 970 millones de dólares.
Se espera que el procedimiento de venta dure varios meses y permitirá al mejor postor comprar una parte o la totalidad de las acciones de PDV Holding.
El proceso se puso en marcha a pesar de una prohibición del Tesoro de EE.UU. que bloquea la incautación de activos venezolanos. El «Special Master» Robert B. Pincus, nombrado por el tribunal, fue el encargado de obtener una eventual licencia del Departamento del Tesoro. Según el sitio web especializado Law360, Pincus tenía previsto reunirse con funcionarios de la OFAC el 19 de enero.
La administración Biden había denegado anteriormente a Crystallex solicitudes de licencia por motivos políticos. Asimismo, la firma se había quejado de una posible desventaja con respecto a los tenedores de bonos PDVSA 2020.
La naturaleza a corto plazo de la licencia 5J podría sugerir que la OFAC estará igualmente inclinada a no interponerse en el camino de la subasta ordenada por el tribunal de Delaware.
Además, puede fomentar un acuerdo extrajudicial si los diferentes demandantes buscan alinear sus respectivos plazos. Sin embargo, la gestión de CITGO y los casos legales en curso se enfrentan a una mayor incertidumbre tras la agitación de la oposición que llevó a la reciente destitución de Guaidó y su sustitución por una junta de tres personas.
Crystallex no es la única empresa que tiene en su punto de mira a CITGO para hacer cumplir un laudo arbitral internacional. Otros demandantes son la empresa de vidrio Owens-Illinois (a la que se deben 500 millones de dólares), Rusoro Mining (967 millones de dólares) y Koch Minerals y Koch Nitrogen (387 millones de dólares). Todas han manifestado su interés en cobrar a través de la filial venezolana, y las dos últimas han solicitado vincular su reclamación al procedimiento de Delaware.
Los demandantes tienen que demostrar ante los tribunales que CITGO es un «alter ego» del Estado venezolano para poder cobrar las deudas a través de las acciones de la empresa.
ConocoPhillips también presentó una moción para adjuntar un laudo de 2.000 millones de dólares concedido por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en 2018 por dos antiguas empresas petroleras conjuntas en Venezuela. La nación sudamericana aún debe presuntamente 1.300 millones del total.
En 2019, el gigante petrolero obtuvo otra indemnización de 8.500 millones de dólares, con más de 1.000 millones en intereses devengados, del CIADI por tres proyectos petroleros nacionalizados por el Gobierno de Hugo Chávez en 2007. En agosto, ConocoPhillips ganó una sentencia en rebeldía para ejecutar el laudo, a pesar de los esfuerzos venezolanos en curso para anular la sentencia del CIADI.
Guaidó y sus socios han suscitado importantes sospechas por su gestión de los procedimientos judiciales, con incomparecencias ante los tribunales, así como acusaciones de conflictos de intereses y de hacer tratos por debajo de la mesa.
La semana pasada, el Wall Street Journal informó de que ConocoPhillips estaba en conversaciones con PDVSA para la posible venta de cargamentos de petróleo venezolano con el fin de recuperar la deuda actual. La empresa con sede en Houston tiene licencia para discutir la liquidación de la deuda con la petrolera estatal venezolana. Ni ConocoPhillips ni PDVSA emitieron comentarios públicos sobre las supuestas negociaciones.
Aunque el programa de sanciones de EE.UU. se centró en gran medida en la industria petrolera venezolana, la administración Biden ha pasado a reevaluar las medidas a raíz de la crisis energética mundial desencadenada por el conflicto de Ucrania.
En diciembre, la Casa Blanca concedió una exención ampliada de las sanciones que permitía a Chevron reanudar el bombeo y la venta de crudo de sus empresas conjuntas en Venezuela. Sin embargo, la licencia, al igual que la propuesta de ConocoPhillips, pretende reforzar el suministro energético de Estados Unidos al tiempo que reduce los beneficios para el Gobierno venezolano.
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Este artículo, titulado originalmente ‘Venezuela: CITGO Breakup Looms with Protection End in Sight‘, fue publicado por Venezuelanalysis.
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