Baltasar Garzón también cobra millones por representar PDVSA en España
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El cuestionado ex magistrado español también mantiene otro lucrativo contrato con el régimen de Maduro para la defensa del presunto testaferro del dictador, Álex Saab.
Redacción | Primer Informe
El régimen de Nicolás Maduro tiene un millonario contrato con el bufete Ilocad, administrado por el polémico ex juez Baltasar Garzón, para que represente a PDVSA en España.
El contrato de PDVSA con el bufete inició en el 2016. Entre los términos del acuerdo, está que Ilocad debe ejecutar la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial ».
Este punto genera un conflicto de interés muy evidente. La pareja de Garzón es Dolores Delgado, la actual fiscal general del Estado en España.
El precio del contrato de PDVSA con Garzón es de 8,8 millones de euros. Y entre las tareas asignadas al bufete Ilocad está interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven.
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Se presumen que entre los tratos con esas entidades hay supuestos delitos de fraude y cohecho. El documento, fechado el 15 de noviembre de 2016, es la autorización formal de PDVSA para contratar los servicios de Ilocad.
Curiosamente, el directivo de PDVSA que firmó el contrato, Eulogio del Pino, tiene pendiente un juicio en Venezuela acusado de corrupción.
El millonario contrato
La noticia salpica de lleno a la fiscal general Dolores Delgado. Ella es la máxima responsable de los fiscales que tienen enfrente al bufete Ilocad, como acusación o defensa-
«La oferta por estos servicios, ya negociada con el despacho de Ilocad, presenta un monto de 8.835.000 euros, desglosada para su pago según avance y cumplimiento de los siguientes hitos:
-1.650.000 euros por asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios.
-2.105.000 euros por preparación y presentación de la demanda.
-1.980.000 euros por coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas.
-3.100.000 euros por preparación del documento de acusación e inicio del juicio correspondiente en España ».
La querella fue presentada por Ilocad a mediados de 2017. Aportó un listado de 2.600 contratos que sumaban 2.000 millones de dólares otorgados por Bariven a Roberto Rincón y Abraham Shiera.
Las contrataciones de mayor monto, según escritos sumariales, precisaban la autorización de PDVSA, matriz de Bariven. El juez, con apoyo de la Fiscalía, requirió hace un año dicha documentación. La petrolera venezolana sigue sin entregarla.
En dichos documentos, aflorarían las firmas de Eulogio del Pino, el presidente Nicolás Maduro y Asdrúbal Chávez, primo de Chávez. Todos ellos fueron miembros de la dirección de PDVSA en el periodo investigado (2005 a 2014).
El bufete de Garzón entregó una prueba que, según fuentes jurídicas, puede volverse en contra de su cliente: las atribuciones legales de la junta directiva de PDVSA. Y entre ellas estaba la de «autorizar la celebración de contratos».
La falta de entrega de esta documentación estanca la causa, según fuentes jurídicas: el juez no tiene pruebas de quién firmó tales compras millonarias sospechosas.
El régimen de Maduro parece no tener interés en aclarar esta causa financiada por un directivo cuya credibilidad ha puesto en entredicho la propia Justicia de su país.
Sale a relucir el Pollo Carvajal
La causa judicial sobre PDVSA choca con otro posible conflicto. La posible extradición del todopoderoso exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo ‘el Pollo’ Carvajal.
El ex militar conoce precisamente contratos clave de PDVSA, incluidos los obtenidos por el bufete e Garzón.
Años atrás, el bufete de Garzón participó en la defensa de Carvajal para evitar su extradición a Estados Unidos por narcotráfico.
Con información de The Objective.
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