Corrupción

Las maniobras del ‘Cholo’ Toledo en EEUU para evitar su extradición a Perú

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Las maniobras del ‘Cholo’ Toledo en EEUU para evitar su extradición a Perú

El expresidente ha intentado evitar por todos los medios responder a la justicia por sus casos de corrupción desde hace seis años

Redacción | EL PAÍS

Alejandro Toledo tiene una cita con la justicia peruana a la que se niega asistir desde el 2017. El hombre que gobernó Perú entre el 2001 y 2006 y simbolizó una burbuja de esperanza tras una década de Fujimorismo está acusado de haber recibido una coima de 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de verse favorecida con la adjudicación de la carretera Interoceánica. Desde que el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra y el Gobierno ofreció una recompensa de 27.000 dólares para dar con su paradero, en febrero de 2017, el tiempo ha ido corriendo para el líder del extinto partido Perú Posible.

Mientras Toledo se ha empecinado en recalcar, desde California, que él no es un fugitivo y que no ha cometido ningún delito, su socio y amigo, el empresario peruano-israelí, Josef Maiman, confirmó que el expresidente cobró los sobornos de las constructoras brasileñas a través de sus empresas. El ingeniero brasileño Jorge Barata confesó que aportó 700.000 dólares a su campaña en las elecciones generales de 2011 y que le pagó coimas millonarias. Toledo fue detenido por encontrarse en estado de ebriedad en la vía pública; en julio de 2019 fue arrestado por mandato de extradición en Estados Unidos por riesgo de fuga y fue trasladado de la cárcel de Santa Rita hacia la correccional de Maguire del condado de San Mateo. En el 2020 salió en libertad bajo fianza, alegando el peligro de contraer el coronavirus, y pasó a tener arresto domiciliario. En el 2021, la Corte del Distrito Norte de California resolvió que sí existía la suficiente evidencia para que Toledo fuera extraditado a Perú.

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En el 2022 su defensa interpuso un habeas corpus para paralizar el proceso, pero quedó sin efecto. El punto cumbre sucedió el 21 de febrero de 2023, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió la extradición de Toledo por colusión y lavado de activos. La medida fue celebrada por la ciudadanía y diversos actores políticos. Por fin se distinguían visos de justicia. Sin embargo, estos últimos dos meses han estado plagados de maniobras suyas para eludir el brazo de la ley. Entre ellas, trasladar su caso de California a la Corte de Columbia, aduciendo falta de garantías judiciales.

Sus alegatos se han basado en la convulsionada coyuntura política, su estado de salud y la discriminación racial. Su defensa ha esgrimido que “el Perú se encuentra en un estado violento, sedicioso y peligroso impulsado por prejuicios racistas contra indígenas peruanos como el doctor Toledo”, que “es un anciano con problemas de salud cuyo riesgo aumentará dramáticamente si está bajo custodia” y, además, que “merece el mismo debido proceso que un combatiente enemigo en tiempos de guerra”. Beryl A. Howell, la jueza principal de Columbia, rechazó sus argumentos, calificándolos de “engañosos” y que “no tenían otro propósito que el de una demora injustificable”.

Entonces, el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, ordenó que Alejandro Toledo se entregara a las autoridades para ser recluido e iniciar así la ejecución de su extradición. El 7 de abril estaba destinado a ser una fecha histórica: Toledo debía presentarse a las 11 de la mañana (hora peruana) en las oficinas de Hixson, en San Francisco, para ponerse a derecho. Todo indicaba que era un auténtico milagro de Semana Santa. Pero en la víspera, el magistrado tuvo que dar un paso atrás y anular su orden. El motivo: el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de la Corte de Estados Unidos le otorgó a Toledo una suspensión momentánea de dos semanas para que pueda interponer un recurso de reconsideración a su petición de suspender la extradición. Otra vez se salía con la suya.

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