El Tribunal que condenó a Cristina Kirchner por corrupción dice que el caso es «inédito en el país»
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“Estamos ante un hecho de corrupción estatal que como tal socava las legitimidades de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como el desarrollo integral de los pueblos”
Redacción | La Nación
El tribunal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos entendió que la maniobra criminal por la cual se otorgaron obras públicas sin control al empresario Lázaro Báez tenía como objetivo asegurar el beneficio económico de Néstor Kirchner y de la vicepresidenta, y que el delito perjudicó al Estado en 84.335 millones de pesos.
Los jueces difundieron las 1616 páginas de los fundamentos en una extensa sentencia, en la que explica las razones que los llevaron a considerar a la vicepresidenta responsable del delito de defraudación contra la administración pública por favorecer a Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso notificaron a la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, y los abogados de los acusados, subiendo el documento a la plataforma digital donde se vuelca el expediente.
“Estamos ante un hecho de corrupción estatal que como tal socava las legitimidades de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como el desarollo integral de los pueblos”, consideraron los jueces, entre uno de sus argumentos centrales.
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“La magnitud de la empresa criminal aquí investigada supuso una planificación y sofisticación magnífica, en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad. Se ha acreditado la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”, señalaron los jueces, que, además, convalidaron como prueba los chats extraídos del teléfono del exsecretario de Obra Pública José López. Los mensajes se incorparon al expediente en 2018 y el fiscal Luciani avisó tres años después en la causa que iba a a apelar a ellos.
Y agregaron: “De manera inaudita, en lugar de la relación de distancia y contralor que debió signar el vínculo entre las dimensiones pública y privada, aquí hemos visto una promiscua y absoluta confusión entre ambas esferas, marcada por acuerdos espurios entre las personas interesadas -con claras notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial y visos propios de los delitos económicos- tendientes a asegurar los beneficios pecuniarios a favor de los nombrados de acuerdo a su naturaleza y entidad”.
“Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”, argumentaron puntualmente sobre las obras en la provincia que vio surgir a los Kirchner.
“La cartelización empresarial a favor de Báez -y permitida por Pavesi, Villafañe, Collareda, Daruich y Periotti- ha causado al Estado un perjuicio que este tribunal ha podido calcular, en valores netos, en la suma de seiscientos cuarenta y seis millones ciento veintitrés mil ciento cuarenta y cinco pesos con setenta y cinco centavos ($ 646.123.145,75)”, precisó el Tribunal.
El tribunal quedó sorprendido por la maniobra: “Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiendo órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional. Quedó suficientemente probado que la estrategia delineada entre funcionarios y empresarios se aseguró mediante el dictado de actos administrativos de las agencias referidas, siempre operando bajo una apariencia de legalidad. Estas circunstancias reflejaron un nivel grotesco de subordinación, cercanía y confusión entre las personas físicas y jurídicas involucradas en la maniobra (Poder Ejecutivo Nacional, Dirección Nacional de Vialidad, empresas constructoras del Grupo Báez, Administración General de Vialidad Provincial). Se concretó un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas durante el período analizado”.
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