INFORME: Grandes fondos de inversión de EEUU reclaman a Biden licencias para hacer negocios con Maduro
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Fidelity y T Rowe Price hablaron con el Departamento de Estado y el Tesoro para que levanten la prohibición sobre las transacciones con bonos venezolanos que están en default.
Redacción | Primer Informe
El Departamento de Estado y el Tesoro están siendo presionados por un grupo de grandes fondos de Wall Street para que levanten las sanciones que existen sobre Venezuela. El pedido concreto es que la administración Biden elabore una salida «a lo Chevron» para los tenedores de bonos internacionales de Venezuela que están en manos de inversores estadounidenses, quienes poseen esos títulos en cartera sin poder venderlos luego de las restricciones que colocó Donald Trump en 2019.
Los grandes fondos, que están agrupados en un comité, contrataron a un estudio llamado BGR Group especializado en hacer lobby en Washington, según contó Bloomberg. Los fondos estadounidenses que más están presionando, según supo LPO de fuentes allegadas a los inversores, son Fidelity y T Rowe Price.
Estos inversores quieren revertir la prohibición de Trump que provocó un derrumbe masivo de los precios de títulos venezolanos como los de PDVSA que cotizan por debajo de los 10 centavos por dólar. Se estima que entre el 25%-30% de la deuda actualmente pertenece a instituciones estadounidenses, frente al 50% previo a la prohibición.
Si bien hace tiempo que están pidiendo alguna medida, el hecho de que el gobierno demócrata haya avanzado con un salvoconducto para ayudar a Chevron a continuar haciendo negocios en el país de Nicolás Maduro, potenció el reclamo.
«Ellos están viendo como Chevron empezó a sacar petróleo de Venezuela utilizando la licencia que dio Biden, y están pidiendo que haya alguna licencia también para ellos y pueden salir de esos bonos en default», explicó a LPO un ejecutivo que está ligado a los bonistas. «Se puede lograr, va a llevar algo de tiempo, pero estimo que este año tendríamos que tener novedades positivas», confirmó.
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En charlas con el Tesoro, los fondos solicitaron que se elabore una alternativa para poder operar (comprar y vender) los bonos soberanos que están bajo ley Nueva York de Venezuela, PDVSA y Elecar (Electricidad de Caracas). Todos estos títulos tienen el mismo problema: las limitaciones para hacer transacciones por parte de toda persona estadounidense (sea residente o ciudadano). Así, los fondos de inversión tienen en cartera propia y de clientes títulos que actualmente valen cero ya que el país caribeño dejó de pagarlos hace más de cinco años.
Y esa es otra cuestión por la cual los inversores quieren que Biden contemple una alternativa a las restricciones que se impusieron, y tome una decisión en lo inmediato: la ley de Nueva York (que ampara esos bonos emitidos en su momento por el chavismo) permite a los acreedores demandar por un pago atrasado hasta 6 años después de su vencimiento.
Y eso se cumpliría en breve ya que van 5 años desde que dejaron de pagarse. Si bien esto no significa estrictamente que el dinero se haya perdido (en teoría, un gobierno futuro en Venezuela aún podría admitirlo en un proceso de reestructuración), los acreedores tienen pocos medios legales para presionar por el pago.
La mayoría de los títulos llevan 5 años de incumplimiento y se han dejado de pagar 11 cupones de interés, lo que suma la friolera de $28.000 millones en intereses vencidos sobre los $58.800 millones del capital también adeudado. Las pérdidas son enormes.
De hecho, los inversores de Wall Street incluso evocan una cuestión de principios. «¿Cómo vamos a estar dejándole un negocio a otros inversores que no son estadounidenses si tenemos la capital financiera del mundo», dicen en referencia a que algunos fondos de Europa podrían estar comprando bonos de Venezuela para esperar una reestructuración y así ganar dinero.
Se habló de un fondo suizo que está también tratando de levantar la deuda venezolana para aprovechar los precios de remate. El argumento es que los bonos venezolanos valen entre 5 y 9 centavos de dólar y podrían valer 50 tan sólo si hubiera una reestructuración de la deuda.
La respuesta del Tesoro, por ahora, es la de excusarse. Dicen que las sanciones a Venezuela son normas intra-agencia por lo cual habría que poner de acuerdo a varios organismos para que permitan alguna modificación. Pero en las reuniones que hubo entre los fondos y el Tesoro, el gobierno de Biden se comprometió a evaluar alternativas.
Los financistas de Wall Street están llevando otro incentivo a la mesa de la administración Biden: las privatizaciones que pudieran darse en Venezuela con un gobierno «libre», una apuesta por las elecciones del 2024. «Los bonos, más en esta clase de situaciones donde no valen nada, han sido usados como moneda de pago para transacciones en distintas privatizaciones en el pasado», dice un ejecutivo con línea directa a los fondos que reclaman un trato igualitario a Chevron.
Lea el resto de este informe en La Política Online.
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