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INFORME ONU: La masacre de Barlovento, una venganza de militares ordenada por Maduro

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INFORME ONU: La masacre de Barlovento, una venganza de militares ordenada por Maduro

Violaciones a los DDHH por parte de cuerpos de represión del chavismo se inscriben en los llamados planes de seguridad del régimen y en ellas participan todas las cadenas de mando civiles y militares.

Redacción | Primer Informe

Detenciones arbitrarias, actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas fueron el saldo de un despliegue militar y policial ordenado por Nicolás Maduro en la zona de Barlovento, estado Miranda de Venezuela, en octubre de 2016.

Así lo estableció el informe elaborado por la Misión independiente de determinación de hechos para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Esa acción acción de fuerzas de seguridad chavista, se inscribía en las denunciadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) fue un mandato del propio dictador, a través de sus ministro de Interior, Néstor Reverol; y de Defensa, Vladimir Padrino.

En esta ocasión la OLP se fusionó con el Plan Rondón, una iniciativa militar destinada también, en teoría, a combatir la inseguridad ciudadana.

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La Misión de la ONU estableció que el operativo terminó con 13 asesinatos, cinco desapariciones y al menos 7 casos de tortura.

Aunque según Reverol Torres, el operativo era necesario para combatir a elementos violentos vinculados, supuestamente, paramilitarismo colombiano y al crimen organizado.

Pero hay otra explicación. Toda esa movilización de tropas tenía un trasfondo de venganza.

Durante todo 2016 diversos hechos delictivos en la zona habían tenido como víctimas a integrantes de las Fuerzas Armadas maduristas. Dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habían sido asesinados en enero mientras escoltaban camiones de PDVSA. En abril un general retirado de la GNB y su esposa fueron asesinados en Caucagua.

Operativo inédito

Ese mismo mes, tres oficiales de las FANB, (entre ellos una pareja junto con su hija de dos meses) fueron secuestrados. Lo mismo sucedió a un capitán de la Fuerza Aérea y su esposa.

La respuesta del régimen fue brutal.  Según las cifras oficiales, a principios de octubre se desplegaron ene esa zona del estado Miranda 1.299 militares y policías de 15 unidades de diferentes partes del país.

Comandando la operación estaban el Almirante Remigio Ceballos, el entonces segundo comandante estratégico del CEOFANB. Lo secundaban el General de División Ornella Ferreira, jefe de la REDI Capital y el General de División Alberto Bellorín, comandante de la ZODI Miranda.

Remigio Ceballos y Néstor Reverol estaban entre los altos mandos que autorizaron las operaciones que terminaron con la masacre de Barlovento.

«Ni cuerpos flotando, ni buitres vagando»

Los militares, según  habían recibido instrucciones de avanzar en sus tareas de forma rápida. Y así lo hicieron. En los primeros días del despliegue detuvieron a 35 hombres en Barlovento.

Las personas fueron secuestradas en sus casas, en colas para comprar comida y en los autobuses públicos. Todas las víctimas eran hombres y fueron aprehendidos sin ninguna orden judicial. Tampoco fueron llevados nunca a un juzgado. 

Doce fueron encontrados muertos en dos fosas comunes diferentes. El paradero de cinco de ellos sigue siendo desconocido.

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Ocho de los detenidos fueron liberados. Siete de los ocho liberados dijeron a sus familiares que habían sido torturados. Uno logró escapar y apareció gravemente herido en el estado Anzoátegui.

La Misión de la ONU no pudo verificar ninguna información sobre 9 de las 35 personas detenidas.

Según la información recibida por la Misión, la orden de desaparecer a los 12 detenidos llegó a nivel de comandantes el 23 de octubre de 2016.

Según testigos, un representante del CEOFANB que estaba en el sitio dijo: “Recuerde que está cerca de un ascenso y otra cosa. No quiero cuerpos flotando ni buitres vagando por ahí. Quiero que la misión se cumpla para mañana, antes de la reunión”

El informe de la autopsia mencionado en el informe público de la Fiscalía sobre la investigación, registró que las dos víctimas de la primera fosa murieron de “fractura del cráneo debido al paso de un proyectil de un arma de fuego”.

Murieron desangrados

Las armas usadas corresponden con las asignadas a uno de los soldados pertenecientes al Batallón 323 Caribe desplegado en el operativo. .

La investigación de la Fiscalía determinó que los diez hombres encontrados en la otra fosa común murieron por “shock hipovolémico causado por herida de arma blanca”, dice el informe de la ONU. Es decir, murieron por la pérdida de sangre.

Una fuente fidedigna con conocimiento del caso y los resultados de la autopsia dijo que las heridas probablemente fueron causadas por un machete. El arma nunca se encontró.

De los apuñalados, cuatro tenían heridas mortales en el cuello y cuatro tenían heridas mortales en el cuello y el pecho. Uno tenía heridas en la cabeza y otro en el cuello, hombro y pierna izquierda.

Un funcionario público que asistió a la exhumación informó de que algunas víctimas fueron encontradas boca abajo con las manos atadas y la cabeza cubierta.

En en el reporte se asegura que: «Un testigo que conoció los hechos dijo a la Misión que los oficiales militares llegaron al lugar y obligaron a los detenidos a salir del vehículo uno por uno. Los oficiales pusieron música a todo volumen en el vehículo para que los demás detenidos no oyeran los gritos de los ejecutados».

Una vez que las víctimas fueron asesinadas, los soldados informaron de que la misión se había cumplido.

Nunca se informó que hubiera ocurrido un enfrentamiento. Tampoco se encontraron armas con las víctimas.

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Tortura y muerte

Al comenzar su actividad en la zona, el 7 de octubre de 2016, en la población de El Café, los militares habían establecido una base que se convirtió en centro de torturas.

Los soldados querían  reunir información sobre el paradero de los miembros de las bandas criminales que operaban en la región.

«…basándose en el informe de la autopsia, llegó a la conclusión de que los fallecidos fueron sometidos a descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo, incluidos los genitales, inhalación de gases lacrimógenos y golpes con objetos contundentes», asegura la Misión de la ONU.

Había al menos dos zonas de tortura en la base militar de El Café. La primera era una pequeña habitación con espacio para cinco personas de pie, conocida como “El Tigrito”, en la que se exponía a los detenidos desnudos a los gases lacrimógenos.

La segunda área de tortura era una oficina a la que se llevaba a los detenidos con los ojos vendados y atados de pies y manos.

Los soldados les colocaban medias en la boca y los obligaban a tumbarse en el suelo, antes de verter agua sobre ellos y propinarles descargas eléctricas2104 .

El informe recoge denuncias de tortura que posteriormente hicieron los supervivientes de la base militar de El Café y sus familiares se encuentran las siguientes:

  • La madre de un hombre que había sido liberado también dijo que su hijo había sido drogado. Un superviviente informó de que había sido torturado con objetos cortantes y punzantes.
  • La madre de un detenido dijo que los soldados habían administrado choques eléctricos en los genitales de su hijo. Su hijo fue golpeado al punto de requerir de una cirugía y hospitalización durante 17 días.
  • Un adolescente superviviente contó a la prensa que unos soldados le desnudaron y le golpearon con la culata de un rifle, antes de colgarle del techo de sus brazos e interrogarle sobre las bandas. Declaró: “Me dijeron: vamos a jugar un pequeño juego […]. Se llama electrocución.” Le administraron choques en el abdomen, el cuello, el pene, las nalgas, la espalda, las manos: “Sentí como si mis tímpanos fueran a explotar”

Los responsables

Los responsables de los asesinatos Soldados pertenecientes al Batallón Caribeño 323 “José María Camacaro Rojas” de la FANB estuvieron involucrados en estas violaciones. Los nombres de los señalados son: 

  • Teniente Coronel José Angel Rojas Córdova
  • Mayor Luis Eduardo Romero Arcia
  • Sargento Mayor Miguel Francisco Rodríguez Rodríguez
  • Sargento Primero Orlando José Mosegui Barrios
  • Sargento Primero Rafael Luis Acevedo Galanton
  • Sargento Primero Luis Ramón Figuera Salazar
  • Sargento Primero Francisco José Rivas Salazar
  • Sargento Primero Ronny José Antón Antón
  • Cabo Segundo Arquímedes José Aguey
  • Cabo Segundo Luis Eduardo Machado Márquez
  • El capitán Daniel Rafael Contreras Primera
  • Cabo Primero Fabián de Jesús Rangel Rangel

La misión también estableció que tiene motivos razonables para creer que adicional a las otras doce muertes, un adolescente fue detenido arbitrariamente y torturado hasta la muerte por soldados pertenecientes al Batallón 321 del Caribe “Mayor General Pedro Zaraza”. 

Por ese crimen fueron detenidos el Teniente Ender Alexander Flores Fajardo; el Teniente Primero Yorgenis Moisés Monsalve Rubio; el Sargento Tercero Mayor Miguel Francisco Rodríguez Rodríguez; el Sargento Segundo Joneal Gil Bello; los Sargentos Primeros Álvaro José Torres Tonito y Rafael David  Achique Medina; y el Cabo Primero Jefferson Jonathan Florián Pérez.

Se les imputó: homicidio calificado, tortura, privación ilegítima de libertad y violación del domicilio. La Misión de la ONU no pudo determinar el estado de la causa judicial.

 

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