Esta medida de Pedro Castillo fortalecería al narcotráfico en Perú
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El presidente de Perú insiste en cerrar bases militares en una zona tomada por el narcoterrorismo.
Redacción | Primer Informe
El presidente ultra izquierdista de Perú, Pedro Castillo, insiste en impulsar una estrategia a través del Ministerio de la Defensa para desactivar 40 bases militares antiterroristas en una zona plagada por el narcotráfico. Las instalaciones castrenses están ubicadas en distintos puntos claves del Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro, zona conocida como VRAEM. La idea de Castillo es convertir las áreas en «centros de producción y desarrollo» en el 2026.
La decisión busca que las Fuerzas Armadas abandonen el principal punto de producción de cocaína en Perú. En el área además ejerce gran influencia el remanente del grupo terrorista Sendero Luminoso, ahora con el nombre de Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). Este es considerado un brazo armado de las mafias del narcotráfico en el país andino.
El ministro de Defensa, José Gavidia, dijo que están coordinando con los ministerio de Producción y Comercio Exterior «para sacar los productos que allí se generan». Anunció además que junto al Ministerio de Transporte y Comunicaciones coordinan la construcción de vías de comunicación hacia la zona, incluyendo un aeropuerto en Pichari. En esa localidad fue cuando el pasado octubre el presidente Castillo se comprometió a industrializar la hoja de coca.
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Antes, «pacificar»
El ministro Gavidia dijo que el gobierno de Castillo no desactivará las bases militares, hasta tanto no se lleve a cabo la propuesta de «pacificar» el VRAEM para el 2026.
Sin embargo, en febrero de este año, el gobierno de Castillo pactó con la Federación de Rpductores Agrarios del Valle de los Ríos Apurimac y Ene (Fepavrae), la cancelación total del proyecto de erradicar los cultivos de hoja de coca en Perú. Además exigieron la expulsión de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo), que financia programas de desarrollo en la zona.
Por su parte, Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), es cercano a los cocaleros peruanos, fue cuestionado por sus declaraciones en un reciente Congreso Cocalero celebrado en enero. Allí dijo que la erradicación de los cultivos era «inconstitucional, injusta y arbitraria».
A Soberón se lo vincula con la excongresista Nancy Obregón, quien pagó 37 meses de cárcel por nexos con el narcoterrorismo.
Con información de La Gaceta de la Iberosfera.
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