El próximo y polémico paso que dará Honduras en su guerra a muerte contra las pandillas
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Empresarios, conductores de camiones, autobuses y taxis, residentes y ONG afirman que la extorsión de las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y Mara Barrio 18 ha empeorado en los últimos meses.
Redacción | Primer Informe
El gobierno de Honduras anunció el sábado que suspenderá algunos derechos constitucionales en zonas de dos ciudades principales controladas por grupos criminales.
Los derechos se suspenderán en virtud de una emergencia de seguridad nacional que durará 30 días y entrará en vigor el martes en algunas de las zonas más pobres de la capital, Tegucigalpa, y la ciudad norteña de San Pedro Sula.
«El estado de excepción parcial entrará en vigencia el martes 6 de diciembre a las 18:00 horas por treinta días, para promover la actividad gradual del desarrollo económico, la inversión, el comercio y en los espacios públicos», dijo la Secretaría de Seguridad del país en un comunicado.
Las ciudades han estado luchando con el llamado «impuesto de guerra», en el que las bandas ofrecen protección o dicen que quienes paguen no serán asesinados. Las bandas han incendiado autobuses y matado a conductores que no pagaban la tasa, lo que ha llevado a empresas y personas a pagar por miedo.
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La medida, que se espera que sea aprobada por el consejo de ministros, forma parte del plan de la presidenta Xiomara Castro para hacer frente a las bandas violentas.
El plan es consecuencia de la presión ejercida por empresarios, conductores de camiones, autobuses y taxis, residentes y organizaciones no gubernamentales (ONG) que afirman que la extorsión -en gran parte a cargo de las bandas Mara Salvatrucha MS-13 y Mara Barrio 18- ha empeorado en los últimos meses.
Esta extorsión genera unos beneficios anuales equivalentes a 737 millones de dólares para las bandas, casi el 3% del producto interior bruto del país, según la Asociación para una Sociedad más Justa, una organización no gubernamental centrada en la seguridad.
Información de Reuters.
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