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Un especialista en crímenes chavistas inicia asesoría especial a oficina del fiscal de la CPI

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Un especialista en crímenes chavistas inicia asesoría especial a oficina del fiscal de la CPI

El abogado chileno está muy conectado con Venezuela y conoce a profundidad los crímenes chavistas pues fue asesor del equipo de defensa de la familia del Fernando Albán.

Redacción | Primer Informe

Un abogado chileno que investigó a profundidad los crímenes chavistas, fue designado asesor especial de la oficina de Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que lleva el caso de Nicolás Maduro.

El jurista Claudio Grossman se desempeñó como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ahora forma parte del grupo de 20 asesores especiales del fiscal de la CPI.

Grossman será clave para la investigación contra el régimen de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.

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Una carrera vinculada con Venezuela

Grossman es un abogado de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias del Derecho de la Universidad de Ámsterdam. Fue profesor y decano del Washington College of Law de la American University en Washington D.C. También de la Raymond Geraldson Scholar de Derecho Internacional y Humanitario.

La carrera del chileno lo llevó a la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (ILC) y del Comité de las Naciones Unidas con la Tortura. A Grossman se le vincula con la defensa de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en Venezuela.

El abogado conoce muy bien los crímenes chavistas. Formó parte del equipo que asesoró a la defensa de la familia del exconcejal Fernando Albán, quien murió bajo custodia del chavismo en octubre del 2018, cuando estaba preso en una sede del Servicio de Inteligencia (Sebin) en Caracas.

Además, el académico fue parte del caso El Amparo, contra Venezuela. Esta fue una masacre ocurrida en el estado llanero de Apure, en la que agentes policiales y militares asesinaron a 14 pescadores. La investigación de este caso produjo una condena contra el Estado venezolano y ordenó indemnizar a las víctimas y sancionar a los responsables.

 

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